Riesgos y Desastres en Chile: Las Causas de Fondo de la Vulnerabilidad

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El objetivo de este ensayo es analizar las decisiones y estrategias adoptadas por el gobierno chileno para gestionar el desastre del volcán Chaitén el año 2008 y discutir algunas carencias en el área de Gestión de Riesgo y Desastres (GRD) en Chile. Las decisiones adoptadas por los diferentes gobiernos entre el 2008 y el 2014 con respecto a la evacuación, re-localización, sistema de ayudas, y reconstrucción de Chaitén pueden reflejar un patrón en las estrategias de reducción de riesgo de desastres caracterizado por una centralización en la toma decisiones y una baja participación de los actores locales. El caso de Chaitén permite, además, poner en discusión los mecanismos de evaluación de riesgos y vulnerabilidad señalados en el actual Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), permitiendo ampliar nuestra comprensión sobre la generación de riesgos y la vulnerabilidad a partir de entender y estudiar sus causas de fondo.

El contexto post-desastre en Chaitén presenta cómo la toma de decisiones y estrategias adoptadas para recuperar a la población pueden, por el contrario, afectar negativamente las condiciones de seguridad de la población perjudicada, y generar incluso nuevos riesgos, y mayor vulnerabilidad ante futuros desastres. Por esta razón, este trabajo considera que es fundamental una comprensión holística de la gestión y reducción del riesgo y los desastres en Chile, en donde las causas de fondo de la vulnerabilidad ante desastres – es decir, los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que generan las condiciones de inseguridad – sean considerados y abordados al menos con el mismo nivel de importancia que se le da a los aspectos naturales (por ejemplo: geológicos, climatológicos, etc.) y tecnológicos (por ejemplo: sistemas de alerta temprana, comunicaciones, etc.) dentro de la gestión y reducción de riesgo de desastre.

Este trabajo se basa en una perspectiva de economía política sobre las causas que producen los desastres, más particularmente, adopta el enfoque de Crítica Radical (o Radical Critique, en inglés). El enfoque de Crítica Radical sostiene que los factores socio-económicos y políticos que producen la vulnerabilidad ante desastres son determinantes para entender la causa de los desastres (Bankoff et al., 2006; Hewitt, 1983; Wisner et al., 2004). Desde esta perspectiva, los eventos naturales extremos como terremotos y erupciones volcánicas son vistos como factores desencadenantes de los desastres, pero no sus causas de fondo (Wisner et al., 2004). Este enfoque se considera una crítica en el sentido que desafía la visión convencional – o la visión dominante según lo descrito por Hewitt en 1983 – que establece que los desastres son causados por eventos naturales, y de la cual deriva el concepto de “desastres naturales”. Por lo tanto, el enfoque de Crítica Radical apunta a repensar el papel de los factores socioeconómicos, políticos, y culturales de los desastres.

Para aplicar este enfoque al estudio se utilizó el Modelo de Presión y Liberación (o Pressure and Release ModelPAR model – en inglés) como metodología de investigación y análisis. Según el PAR model, el riesgo y los desastres resultan de una combinación compleja entre vulnerabilidad y amenaza o peligro, descrito brevemente por la ecuación conceptual vulnerabilidad × amenaza = riesgo desastre. Los desastres son así el resultado de la interacción de ambos fenómenos; no puede existir una situación de desastre si ocurre un evento natural como, por ejemplo, un terremoto, pero la vulnerabilidad de una población dada es cero. Por otro lado, tampoco puede darse un desastre si una población es extremadamente vulnerable, pero no existe ocurrencia de un evento natural amenazante, o sea, amenaza cero. Así, la combinación vulnerabilidad-amenaza es la que determina la condición de desastre o el riesgo de desastre y no la amenaza por sí sola (Wisner et al., 2004; Sandoval, 2013).

Chaitén: Estrategias para Gestionar el Desastre y la Recuperación

En mayo de 2008, el volcán Chaitén entró en erupción, causando la evacuación de gran parte de la población de la comuna, alrededor de 8 mil habitantes (De la Barrera et al., 2011) y la de algunas otras localidades de la provincia de Palena. La población fue evacuada en su mayoría a las ciudades de Puerto Montt y Castro, así como a otras ciudades cercanas, todas ellas situadas a más de 100 kilómetros por mar. Varios días después de la evacuación, lahars e intensas lluvias causaron graves inundaciones que dejaron Chaitén inhabitable y prácticamente devastada (Lara, 2009). La ciudad quedó dividida en el sector norte y sur por el nuevo curso del río Blanco (ver Figura 1). Las pérdidas económicas se estimaron en USD $ 12 millones, únicamente en edificios públicos asegurados (Lara, 2009). Mientras que aún no hay claridad sobre el costo total de la catástrofe, las autoridades calculan que entre US$ 60 y 80 millones se gastaron durante el primer año, a lo que se suma más US$ 3 millones para reconstruir la infraestructura pública dañada (Galilea, 2009; Presidencia de la República de Chile y Narváez, 2009).

Figura 1: Chaitén antes y después de la erupción volcánica en el 2008. Fuente: Elaboración propia, basado en imágenes obtenidas a través de Google Earth Pro.

Los procesos estudiados en este ensayo son la evacuación, la fallida re-localización hacia la Nueva Chaitén, y la posterior reconstrucción del sector norte de Chaitén. Los primeros temblores relacionados con la erupción del volcán comenzaron el 30 de abril de 2008 (PUC et al. 2009), y culminaron con una violenta erupción a las 11:38 PM del 1 de mayo de 2008. La primera declaración oficial afirmó que la erupción correspondía al volcán Michimahuida, continuando la hipótesis establecida por los técnicos y autoridades establecidos en la zona desde que comenzaron los temblores. Tras un sobrevuelo en la zona confirman que la erupción corresponde a un volcán desconocido hasta entonces, el cual fue nombrado de inmediato Chaitén. Dadas estas circunstancias, la evacuación de Chaitén se inició el mismo día 1 de mayo, tras la declaración de alerta roja por parte de la Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI).

Durante las primeras 24 horas, unos 4.101 habitantes fueron evacuados principalmente por rutas marítimas a bordo de embarcaciones del Ejercito de Chile y privadas (Presidencia de la República de Chile y Narváez, 2009). En el segundo día de la evacuación, un total de 8.119 personas fueron desplazadas. La Figura 2 muestra la distribución geográfica de los principales destinos de los evacuados.

Figura 2: Fuente: Elaboración propia, basado en Presidencia de la Republica de Chile (2008). Primer Informe de Avances: Programa de Apoyo a las Familia de Chaitén. Santiago de Chile

Aunque no se registraron pérdidas humanas, la prensa y las autoridades definieron este evento como un desastre debido al costo social y económico del evento. Sobre el aspecto particular de la gestión de la emergencia y la posterior evacuación, surgen algunas aristas de particular relevancia para este trabajo. Primero, durante las entrevistas a los afectados realizadas entre marzo y julio de 2013, a líderes comunitarios y autoridades locales, se establece que el desconocimiento o ignorancia por parte de los especialistas sobre las causas de los temblores durante los primero días de actividad del volcán, así como la subsecuente interpretación equivocada de la situación por parte de las autoridades, permitió que las primeras reuniones de emergencia derivaran en otros asuntos como la sequía y el desempleo en la zona. Esta ignorancia por parte de los especialistas y autoridades inició un proceso de deterioro de la confianza por parte de la población de Chaitén en sus autoridades públicas.

De acuerdo a un líder comunitario local quien participó en las primeras reuniones de emergencia en Chaitén, la falta de comunicaciones claras sobre las causas de la actividad sísmica que precedieron la erupción y sus riesgos potenciales, dan una pista sobre la falta de una comprensión real por parte de las autoridades de ese entonces, y las de hoy, con respecto al contexto social y económico de Chaitén, y que pueden explicar cómo se gestionó la emergencia posteriormente: “La situación sobre los temblores era tan poco clara y confusa que la conversación giró en torno a los efectos de la sequía en la región” (Ricardo Bosques(1), líder comunitario, marzo 2013, entrevista).

Otros entrevistados destacan además que pese al desconcierto inicial, la mayoría de la población aceptó casi sin resistencia la evacuación, porque, en ese momento, la gente solía tener confianza en las decisiones de las autoridades. No obstante, durante el trabajo de campo realizado en 2013 se observó a través de los testimonios de diversos líderes comunitarios que la confianza de los pobladores en las autoridades locales, regionales y nacionales disminuyó notoriamente con respecto a la situación anterior a mayo de 2008. Otro aspecto que puede haber contribuido sustancialmente a la pérdida de confianza en las autoridades por parte de la población de Chaitén fue la evacuación. Los destinos de evacuación no fueron planificados, el hecho de que muchas familias fueron separadas (padres enviados a destinos lejanos con respecto a sus hijos), y la falsa indicación de que podrían volver días después por sus pertenencias y objetos de valor, fueron sólo algunas de las razones utilizadas por los entrevistados para explicar por qué resistirían una hipotética futura evacuación: “después de todo lo que ha pasado, las mentiras de las autoridades, y todo lo que sabemos [refiriéndose a la evacuación y la re-localización], no me voy de Chaitén otra vez […] antes me amarro a un árbol con cadenas y me quedo aquí” (Anabella Riveros, líder comunitaria, mayo 2013, entrevista).

Asimismo, el proyecto de re-localización y el sistema de ayudas (subsidios y bonos), son igualmente importantes para explicar por qué la población comenzó a cuestionar los esfuerzos del Estado por recuperar a la población. La postura crítica de algunos chaiteninos se refleja en el hecho que en tan sólo algunos meses después del evento varios pobladores comenzaron a retornar a la ciudad destruida, a pesar de la prohibición existente. Estos chaiteninos luego serían llamados “Los Rebeldes” por la prensa (Rojas, 2013). Esta situación de retorno y asentamiento ilegal se extiende y acentúa desde finales de 2008 hasta diciembre de 2010 cuando las autoridades nacionales deciden renunciar al proyecto de re-localización — evaluado en unos USD $ 300 millones de dólares (Silva, 2010) — y del cual sólo quedan algunas llamativas ilustraciones (MINVU, 2010).

Según se puede rescatar de las entrevistas con autoridades de la época, la decisión de descartar el proyecto de re-localización y finalmente reconstruir el sector norte de Chaitén nace, por una parte, por el alto costo del proyecto de re-localización que consistía en refundar la ciudad en otro sector de la provincia, y por otro lado, para diciembre de 2010 ya se encontraban unas 500 personas viviendo en Chaitén, mientras ese número seguía en aumento. El proyecto de re-localización contemplaba la construcción de una nueva ciudad que se llamaría Nueva Chaitén y estaría ubicada en el sector de Santa Bárbara, a unos 50 kilómetros al norte de la actual Chaitén.

La idea de re-localizar Chaitén y fundar una nueva ciudad nació del proyecto de consultoría elaborado por PUC et al. (2009) durante el 2008 y 2009. El informe preparado por un equipo multidisciplinario e internacional propuso claras indicaciones técnicas y de políticas públicas para ser consideradas por las autoridades con respecto al futuro de Chaitén. La principal de ellas es la de re-localizar Chaitén a un lugar más seguro, intentando mantener el potencial económico y conservando los aspectos sociales ligados al territorio. De acuerdo a un investigador que trabajó en el proyecto: “los reportes técnicos y de planificación eran categóricos con respecto a lo que había que hacer [con Chaitén]. […] no había ninguna duda que había que reubicar Chaitén” (José Morales, investigador, abril 2013, entrevista).

Hacia principios de 2010, Nueva Chaitén contaba con infraestructura urbana básica (por ejemplo: electricidad, agua, telecomunicaciones) y algunos pocos edificios, los que incluían los servicios de Carabineros y la Armada. De acuerdo a lo recogido por Cifuentes (2009), la delegada presidencial para el desastre de Chaitén, Paula Narváez, anunció reuniones con los chaiteninos para comenzar la reubicación hacia la Nueva Chaitén durante el 2010. Sin embargo, las reuniones entre la comunidad (que se encontraba dispersa en la región) y las autoridades entre finales de 2009 y mediados de 2010 resultaron en un fuerte rechazo de la comunidad al proyecto de re-localización, argumentando principalmente que éste había llegado muy tarde (casi dos años después de la erupción del volcán), que la duración del proceso era desconocida con lo cual aumentaba la incertidumbre entre la población, y que no deseaban seguir esperando más por una solución definitiva.

Otro aspecto importante sobre las estrategias para gestionar el desastre y la recuperación de la población y que explican además la situación actual de Chaitén (una ciudad dividida y bajo riesgo repartido de manera desigual entre el sector norte y sur) son la asignación y gestiones de ayudas, en forma de bonos o subsidios, por parte del Estado. Además de los registros oficiales aportados por las instituciones gubernamentales como la Municipalidad de Chaitén, el Gobierno Regional de Los Lagos (GORE Los Lagos) y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), no existen otros informes oficiales de acceso público sobre cómo se gestionaron las ayudas, y más importante aún, qué efectos tuvieron en la población. Haciendo una revisión documental de los archivos públicos y otros adquiridos a través de la Ley de Transparencia chilena, se pudo reconstruir parte de lo que fueron las ayudas a la población de Chaitén.

La principal medida implementada por parte del Estado fue el Bono Emergencia Chaitén. Este bono incluyó un pago mensual de hasta USD $ 1.000 por familia y fue entregado entre mayo de 2008 y octubre de 2010. Durante el primer año, más de 3.200 familias fueron beneficiadas, y cerca de 1.800 familias en el segundo y tercer año. Otras ayudas incluían medidas compensatorias como subsidios a los agricultores y productores afectados de la zona, junto con subvenciones para la educación de jóvenes y niños. Los subsidios a los agricultores y productores fueron entregados por el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP). Entre 2008 y 2009, INDAP destinó USD $ 1,2 millones con el fin de compensar las pérdidas económicas y comerciales de aproximadamente 1.100 productores (INDAP, 2009). Otras medidas fueron los subsidios de vivienda. 2.235 familias recibieron un subsidio único de vivienda por alrededor de USD $ 20.000 cada uno (GORE Los Lagos, 2009). El subsidio de vivienda estaba destinado a ofrecer apoyo financiero especial para las personas desplazadas de Chaitén que habían decidido asentarse permanentemente en otras localidades, lo cual sucedió principalmente en las ciudades de Castro, Puerto Montt, y Puerto Varas. Esta estrategia buscaba apoyar a los afectados pero también persuadir a los chaiteninos de volver a la ciudad destruida. En algunos lugares, como en Puerto Varas, un barrio completamente nuevo fue construido con el propósito de recibir a un importante grupo de chaiteninos desplazados (MINVU, 2008). Del mismo modo, otras subvenciones para la iniciativa empresarial y el apoyo psicológico fueron entregadas (GORE Los Lagos 2009; Presidencia de la República de Chile y Narváez, 2009).

Como parte de la estrategia del gobierno para compensar a la población afectada, en octubre del 2009 el Congreso Nacional de Chile promulgó la Ley Nº 20.385 (también llamada la Ley Chaitén). La Ley Chaitén permitió al Estado adquirir propiedades privadas en Chaitén pagando por ellas el valor de mercado antes de la erupción del 2008. Según algunos expertos y autoridades entrevistadas, el objetivo de esta estrategia era doble, por una parte, pretendía restringir la habitabilidad y la ocupación de Chaitén debido a su alto riesgo, y por otra, buscaba compensar las pérdidas de la población afectada a través de la transferencia de recursos financieros hacia ellos. Una vez que la Ley Chaitén fue aprobada, el Estado compró 889 propiedades por un total de USD $ 30 millones (Senado de la República de Chile, 2013). De acuerdo a la información manejada por el Ministerio de Bienes Nacionales (2015), a mediados de 2013 más del 80% de las viviendas y edificios en Chaitén eran propiedad pública. Cuando en 2010 se levantó la restricción para habitar el sector norte de Chaitén, el Estado ofreció en alquiler cerca de 70 unidades habitacionales, principalmente para uso de servicios públicos y funcionarios.

Otra situación completamente distinta es la del sector sur de Chaitén. El sector sur mantiene aún la prohibición de ser habitado, pese a las más de 200 familias que habitan el lugar (Sandoval et al., 2014), por lo tanto no hay permisos para alquilar y comprar esas propiedades. La situación legal del sector sur impide además la inversión pública o privada de cualquier tipo, restringiendo a esta población el acceso al agua potable y electricidad, o servicios básicos como salud y transporte público, así como también a infraestructuras de mitigación que puedan reducir el riesgo de futuros desastres. La situación legal del sector sur ha sido fuertemente criticada por las autoridades locales que ven limitadas sus capacidades para apoyar el proceso de recuperación y desarrollo de la ciudad. Esta situación ha sido también criticada por pobladores de ambos sectores de Chaitén, quienes anhelan volver a ver Chaitén como una sola ciudad (Rojas, 2013).

Aunque las estrategias adoptadas por el gobierno para gestionar el desastre de Chaitén fueron ideadas para compensar las pérdidas y mitigar el impacto económico y social, así como para dar más oportunidades a las personas afectadas, es posible que dichas estrategias y acciones descritas anteriormente hayan tenido efectos inesperados en el desarrollo de tales objetivos, o que incluso hayan contribuido a la producción de nuevas condiciones de inseguridad, perpetuando así la vulnerabilidad ante futuros desastres. Tal afirmación se sostiene en el hecho de que Chaitén hoy en día vive dos realidades, una que se desarrolla con prosperidad en el sector norte, en donde las condiciones de seguridad son apoyadas fuertemente por el Estado (por ejemplo, medidas de contención para inundaciones, vías de evacuación, servicios de urgencia que incluyen bomberos, salud, y policía, entre otros), y otra realidad que se desarrolla con grandes dificultades en el sector sur, la cual se caracteriza por la falta de servicios básicos e indispensables para el bienestar cotidiano como son el agua potable y electricidad pero también de salud y educación. Asimismo, la falta de una posición clara y definitiva por parte del Estado sobre la situación legal del sector sur, han ido progresivamente acentuando la incertidumbre sobre su futuro y el de la población que lo habita, sirviendo de base para limitar cualquier medida de prevención a mediano y largo plazo, perpetuando así la vulnerabilidad frente a futuros desastres en la zona.

Chaitén Actual y las Causas de Fondo de la Vulnerabilidad

Este ensayo defiende que la vulnerabilidad de Chaitén, expresada en las actuales condiciones de inseguridad con la que vive su población, puede entenderse de forma más completa si se tiene en cuenta las causas de fondo que las generaron. De acuerdo a los datos aportados por los entrevistados y las observaciones durante el trabajo de campo, así como la información entregada por autoridades locales, regionales y nacionales, y la revisión exhaustiva de documentos producidos por varias instituciones públicas, se pudieron observar cuatro condiciones específicas de inseguridad o vulnerabilidades ante desastres en Chaitén; distribución desigual de los riesgos ambientales; falta de planificación en la gestión de riesgos y emergencias; acceso limitado a servicios; y la pérdida de confianza en las autoridades por parte de la comunidad. Para entender mejor estas vulnerabilidades, especialmente su relación con la GRD en Chile, se argumentará sobre las causas de fondo de las dos primeras.

La distribución desigual de los riesgos ambientales en Chaitén se entiende en términos generales como una exposición diferenciada de las amenazas naturales (especialmente inundaciones) entre la población de la ciudad. Mientras que los habitantes del sector norte están menos expuestos a éstas amenazas debido a que cuentan con medidas de contención y acceso a servicios e infraestructuras que los hacen menos vulnerables, los habitantes del sector sur carecen de todas o casi todas éstas medidas, servicios e infraestructuras. La razón de esta distribución desigual tiene su origen en que por una parte se limitó la habitabilidad de Chaitén al sector norte hacia finales del 2010 sin contar con un plan para reubicar a las familias que ya se encontraban viviendo en el sector sur. Por otro lado, mientras se iba poblando el sector norte al punto que prácticamente no había oferta de viviendas en el sector, no se desarrollaron y ejecutaron proyectos inmobiliarios que permitieran acoger futuros habitantes incluidos aquellos del sector sur, lo que provocó que muchos decidieran asentarse en el sector sur, con el riesgo que esto conllevaba, porque simplemente “no había espacio en el sector norte” (Noelia Valderrama, pobladora de sector sur, julio 2013, entrevista). Todo esto, sin mencionar que el re-poblamiento de Chaitén, tanto del sector norte como del sur, se origina a partir de la ocupación ilegal y progresiva (desde finales de 2008 hasta finales de 2010) por parte de chaiteninos que, cansados de esperar por un proyecto definitivo sobre su futuro y el de la comunidad, o bien por la falta de una estrategia efectiva de recuperación e integración en sus nuevas comunidades, deciden regresar a la ciudad a pesar de los riesgos y la prohibición existente.

La falta de planificación en la gestión de riesgos y emergencias a nivel local es otra vulnerabilidad presente actualmente en Chaitén. La falta de planificación en estas materias implica que las autoridades y la comunidad en su conjunto no han sido capaces de coordinar o proyectar futuras acciones y recursos hacia la reducción de riesgo de desastres. Si bien el sector norte de Chaitén cuenta con medidas mitigadoras contra inundaciones, servicios e infraestructuras que lo hacen menos vulnerable en general, otras medidas que son igualmente importantes no se han desarrollado. A continuación un ejemplo.

De acuerdo al actual Plan Nacional de Protección Civil (Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2002) cada municipio debe contar con un Plan Municipal de Emergencia el cual debe ser preparado cada año. Un plan municipal implica que los actores públicos, privados, y de la sociedad civil de una comuna se han reunido para conocer y practicar los procedimientos y acciones que se llevarán a cabo ante la ocurrencia de emergencias o desastres. Estos procedimientos y acciones involucran la gestión de recursos humanos, materiales, y económicos, así como su coordinación, y son de vital importancia para la respuesta coordinada, rápida, y efectiva ante desastres. Así, contar con un plan es una forma efectiva de reducir el riesgo y minimizar el impacto de un desastre. Chaitén no cuenta con un plan de emergencia comunal actualizado: el último fue preparado durante el 2010.

Aunque la falta de planificación en la gestión de riesgos y emergencias en Chaitén puede entenderse como un aspecto local de la vulnerabilidad ante desastres, sus causas de fondo no deben restringirse necesariamente a lo local. Tal como lo han expresado algunos líderes locales, la planificación requiere de la confianza de los distintos actores para reconocer deficiencias individuales y compartidas, y oportunidades para todos los involucrados. El deterioro de la confianza de la comunidad en sus autoridades locales, regionales y nacionales, puede estar limitando el desarrollo de planes de protección civil y de emergencias. Este deterioro de la confianza, no obstante, aunque siendo local, tiene su explicación en las decisiones tomadas por el Estado y las autoridades, principalmente regionales y nacionales, con respecto a la evacuación del 2008, la mala supervisión de las ayudas entregadas, y la fallida re-localización hacia la Nueva Chaitén.

Las vulnerabilidades explicadas en esta sección pueden ser observadas de alguna forma, cuantitativa o cualitativa, a nivel local. La distribución desigual de los riesgos ambientales y la falta de planificación en la gestión de riesgos y emergencias pueden concluirse como aspectos locales, que afectan a la población local y a sus instituciones, es decir, que sus efectos sobre los riesgos están delimitados a una escala geográfica. No obstante, como se ha argumentado hasta ahora, las causas de fondo que generaron estas condiciones de inseguridad o vulnerabilidades no deben restringirse a lo local, más bien, por el contrario, sus orígenes pueden entenderse mejor y de forma más completa si se consideran procesos y circunstancias externas, anidadas en escalas geográficas y de tiempo mayores a las de la comunidad en cuestión. Así, la vulnerabilidad de la actual Chaitén no proviene sola y exclusivamente de las condiciones sociales y ambientales locales, sino que en combinación y exacerbadas por procesos y circunstancias políticas alejadas espacial y temporalmente de la situación actual y local de Chaitén.

Observaciones

Este ensayo intenta desarrollar la idea de que hay carencias específicas en el área de GRD en Chile. Sin embargo, se reconoce una limitación importante. Si bien el caso de Chaitén permite crear una cierta relación entre la GRD a nivel nacional con lo que ocurre a nivel local, otros estudios son necesarios para complementar y profundizar esta observación.

Actualmente se discute en el parlamento chileno una indicación sustitutiva al “Proyecto de Ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil” la cual busca crear un “Sistema de Gestión de Riesgos y Emergencias” y que reemplazará a la actual ONEMI. Este proyecto de ley reconoce varias deficiencias observadas en el actual sistema de protección civil y que también se observan en el caso revisado de Chaitén, entre ellas, una fuerte centralización en la toma decisiones y baja participación de los actores locales en las etapas de prevención y preparación ante desastres (Senado de la República de Chile, 2012).

Quizás la crítica más sustancial que se puede rescatar de lo discutido hasta ahora se puede encontrar en los mecanismos de evaluación de riesgos y vulnerabilidad señalados en el actual Sistema Nacional de Protección Civil (SNPC), los cuales podrían ser mejorados a partir del reconocimiento y estudio de las causas de fondo de la vulnerabilidad, las cuales suelen estar alejadas, espacial y temporalmente, de las condiciones locales de inseguridad como se ha discutido en el caso de Chaitén. Aquí se pretende reconocer que si queremos como sociedad reducir de forma efectiva y sostenible los riesgos ante desastres, debemos abordar las causas raíz que los generan, y no sólo los síntomas.

Referencias

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Silva, S. (2010). Piñera asegura que Chaitén será reubicado en localidad de Santa Bárbara. Radio Universidad de Chile. Disponible [acceso en 10/10/2015]: http://radio.uchile.cl/2010/05/28/pinera-asegura-que-chaiten-sera-reubicado-en-localidad-de-santabarbara.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., y Davis, I. (2004). At risk: natural hazards, people’s vulnerability, and disasters (segunda edición). London and New York: Routledge.

ÍNDICE

Presentación

Agradecimientos

Capítulo I – Arte, Música y Teatro

  1. Matices Grises: Pieza para Piano Solo
    Marcos Stuardo
  2. “Teatro Aplicado” y Convivencia Escolar
    Juan Francisco Palma
  3. Teatro Chileno y Política: de Macro y Micropolíticas hacia un “Giro Ciudadano”
    Camila González

Capítulo II – Ciudad y Políticas Públicas

  1. Agroindustria Chilena Sustentable: Un Largo Camino que Recién Comienza
    Ximena Schmidt
  2. Comportamiento Peatonal en Espacios de Circulación Tren-Andén
    Sebastián Seriani
  3. Determinantes de la distancia de viaje a la escuela en Santiago de Chile
    Christian Blanco
  4. Drogas Ilícitas: ¿Un Problema de Justicia Criminal o de Política Social?
    Gonzalo Mardones
  5. Riesgos y Desastres en Chile: Las Causas de Fondo de la Vulnerabilidad
    Vicente Sandoval
  6. Movilidad Social en Chile desde una mirada Multidimensional
    Marjorie Baquedano
  7. Vivienda Social como Ciudad: Elementos Ausentes en Chile
    José Manuel Ahumada

Capítulo III – Derecho

  1. Abusos en el Control de Empresas y Propuestas para Chile
    Manuel Ibáñez
  2. El Centro de Principales Intereses del Deudor en el Derecho Concursal Chileno
    Carlos Ellenberg

Capítulo IV – Educación

  1. Docentes y Evaluación: Una Aproximación a las Experiencias Docentes en Torno a la Evaluación en Dos Contextos Educacionales
    Paulina Rojas
  2. Hacia un giro en las reformas educativas para una calidad equitativa
    Pablo Torres y Rodrigo Torres

Capítulo V – Física

  1. La Físca de Partículas en Chile
    Giovanna Cottin

Capítulo VI – Identidad y Cultura

  1. Memoria Colectiva y Patrimonio a través del Lenguaje Rapa Nui
    Catalina Herrera
  2. Mapuche-Warriache e Identidad Étnica Organizacional: Una Mirada Teórica
    Dana Brablec

Capítulo VII – Psicologia y Salud Mental

  1. Cooperación Interdisciplinaria en el Estudio de los Desórdenes Psiquiátricos en Chile: Una Deuda Pendiente
    Pablo López-Silva
  2. Estrategias Colaborativas para subvertir el estigma de vivir con VIH/SIDA
    Angélica Cabezas
  3. Reflexiones sobre el Duelo y el Trauma en la Matriz Social Chilena
    Ignacia Moreno
  4. Salud mental e infancia en Chile: desde la oferta pública a la invisibilización de la infancia actual
    Sebastián Rojas

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