Vivienda Social como Ciudad: Elementos Ausentes en Chile

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Este ensayo propone que para que se articule la vivienda social en la ciudad, deben existir al menos tres elementos fundamentales: ciudadanía – la cual no puede existir sin el reconocimiento social de cada habitante en la ciudad, un espacio democrático – que sólo puede conseguirse a través de un correcto entendimiento de libertad y el derecho a la ciudad – que, por definición, implica la participación y apropiación de la ciudad por cada habitante.

Basado sobre estos tres elementos, se entiende que los intentos de vivienda social que están aislados de la ciudad no están logrando su propósito; por ende, la vivienda social aislada no tiene sentido. Para que las viviendas sociales cumplan su razón de ser, debe existir un contexto político y económico que permita la incidencia de estos elementos clave. De esta manera, se plantea que la vivienda social debe ser ciudad en sí y no un elemento ajeno y escondido de ella.

Contextualización

Para entender la vivienda social como ciudad se presupone una noción de ciudad en donde la vivienda “…es un medio de desarrollo que permite que otras actividades humanas se lleven a cabo” (King, 1996. En: Clapham, 2005:17). Así, cuando la vivienda social se considera meramente un objeto, se produce un quiebre entre las actividades humanas y la ciudad, que también es “…responsable de la deshumanización de las políticas y suministro de vivienda” (Ibíd.).

De esta manera, se argumenta que el aislamiento de la vivienda social en la ciudad – con la consecuente pobreza urbana – es perpetuado por la incapacidad de las políticas neoliberales de vivienda de reconocer las necesidades relacionadas con la potencialidad del habitante en el proceso de la vivienda. Los habitantes son aislados socialmente, sin embargo, la vivienda social no existe conceptualmente si ésta no pertenece a la ciudad. En este sentido – y a partir de las ideas de John F. Turner – más que entender la vivienda como un sustantivo (mercancía) debe ser entendida como un verbo (actividad); esta noción de actividad enfatiza la dimensión social de la vivienda.

Hoy la gran mayoría de los mercados de suelo en el mundo están reglamentados en base a un sistema legal que “…enfatiza el beneficio de los mercados, el reinado de la ley universal, la necesidad de derechos humanos individuales y especialmente de propiedad. En su enfoque sobre pobreza, evita mayor redistribución y enfatiza disciplina moral y (de nuevo) los mercados” (Craig y Porter, 2006:11). Aquí el área residencial aparece como un sector rentable y la vivienda social se transforma muchas veces en un mal negocio cuando está bien localizada. Por ello, ésta se ha relegado sistemáticamente a la periferia, imposibilitando concebirla como parte de la ciudad.

El significado de la vivienda social

Para John F. Turner (1972) es esencial distinguir entre la idea de vivienda como sustantivo de esa de vivienda como verbo. Mientras la primera se refiere a un producto o mercancía, el segundo “…describe el proceso o actividad de vivienda” (Turner y Fisher, 1972:151). Las iniciativas que entienden la vivienda como sustantivo o mercancía considerarán sólo factores cuantitativos. Al contrario, si es entendida como verbo, habrá factores envueltos relativos a la actividad humana de vivienda que son inmensurables, ya que “…el ‘producto’ más importante de cualquier actividad humana es, por supuesto, la satisfacción o frustración de las necesidades” (Ibíd.:152).

Es importante entender que las necesidades de los habitantes urbanos no deben ser reducida a lo meramente material, sino que también se debe considerar una dimensión intangible: el capital social. En palabras de Putnam, capital social “… se refiere al valor colectivo de todas las ‘redes sociales’ y las inclinaciones que nacen desde estas redes para hacer cosas para todos” (Putnam, 2000:19). Turner llama a estos valores ‘reales’ considerándolos como “…esos que se apoyan en la relación entre los elementos de acción de vivienda – entre los actores, sus actividades y logros” (Turner, 1976:62). Turner predice la falla de un sistema masivo de construcción de vivienda, añadiendo que “…si la vivienda es considerada como un producto de consumo de producción masiva, los valores de uso humanos deben ser remplazados por valores materiales” (Ibíd.:66).

Para que le vivienda sea concebida como un verbo, es importante reforzar tres elementos a los que todo ciudadano debería tener acceso: Reconocimiento –por medio del cual cada habitante se convierta en ciudadano–, libertad –libertad social donde todas las opiniones sean posibles bajo un “consenso conflictivo” en un espacio democrático – y el derecho a la ciudad – donde todos los habitantes tengan la posibilidad de participar y apropiarse de la ciudad.

La vivienda social como ciudad

Ciudadanía a través del reconocimiento de los habitantes

En el contexto urbano global, la exclusión del pobre a través de procesos de desplazamiento y gentrificación es – legalmente – una realidad. Al relegado se le estigmatiza y define como “incivilizado”, como si estuviera “en el lado equivocado de una línea divisoria” (Smith, 1996:16).

El uso del término “incivilizado” evidencia la desigualdad percibida entre barrios de habitantes pobres y ricos. De estas dos diferentes percepciones, derivan dos tipos diferentes de ciudadanos – el rico y el pobre – de acuerdo a las lógicas estereotipadas de la sociedad contemporánea.

Este grupo “incivilizado” de habitantes es retratado por Peter Grenell (1972) como habitantes invisibles, quienes aparecen como resultado de la construcción masiva de vivienda en zonas urbanas. De esta forma, la satisfacción o frustración de las necesidades de los habitantes se asocia directamente a la visibilidad y reconocimiento. El reconocimiento del habitante como ciudadano debe finalmente facilitar la habilidad de la vivienda de permitir el acceso a otros derechos ciudadanos.

Espacio democrático a través de la libertad

Podría existir una relación directa entre la actual segregación de muchas ciudades – como Santiago – y el entendimiento de la libertad individual y personal como base del desarrollo. Hoy la libertad del consumo y de elegir individualmente se ha transformado en un derecho supremo, creando una contradicción hasta el punto en que los individuos, como explica Harvey, “…no debiesen elegir la construcción de sólidas instituciones colectivas” (Harvey, 2005: 69). Así se crea una contraposición entre la libertad del consumidor de elegir individualmente, y la falta de libertad del ciudadano de elegir colectivamente.

Los habitantes segregados de la ciudad no poseen libertad de elección y requieren de una política dinámica que los integre a un sistema en que todos puedan participar. En este sentido, Chantal Mouffe presenta la idea de un “modelo agonístico de democracia” proponiendo un cambio en las relaciones paradigmáticas entre los actores urbanos, desde la noción de “enemigos” a una idea de “adversarios”, quienes son “…’enemigos amistosos’, en el sentido que ellos poseen algo en común, comparten un espacio simbólico. Así, puede existir entre ellos un ‘consenso conflictual’, para cuya existencia son necesarias “…instituciones que permitan los conflictos” (Mouffe, 2010. En: Miessen, 2010: 109), con su espacio de diálogo pertinente.

Las instituciones deben entender la constante transformación de las comunidades de las urbes para adecuar sus necesidades evolutivas en el tiempo. Las políticas deben ser un reflejo de la sociedad en que queremos vivir a distintas escalas, tanto como sociedad como al reconocer los conflictos y oportunidades locales. Por lo tanto, las decisiones sobre vivienda deben considerar las situaciones específicas con el fin dejar “…de enfocarse en la cantidad y calidad física, a una basada sobre los impactos en la libertad de las personas para expandir las cosas que valoran ser y hacer” (Frediani, 2009: 5).

El derecho a la ciudad a través de participación y apropiación

El concepto de derecho a la ciudad – inicialmente desarrollado por Henry Lefebvre en 1968 – está enraizado en la idea del “…impacto negativo que la economía capitalista tiene en las ciudades, convirtiendo la ciudad en un producto que sirve sólo a los intereses de acumulación de capital” (Sugranyes y Mathivet, 2010: 21). Stickells muestra el derecho a la ciudad como una práctica de todos los habitantes – incluidos los pobres – especificando dos principios: participación y apropiación, donde “…la participación permite a los habitantes urbanos a acceder e influenciar las decisiones que producen el espacio urbano” y “…apropiación incluye el derecho a acceder, ocupar, y usar el espacio, y a crear nuevos espacios que satisfagan las necesidades de la gente” (Stickells, 2011: 215).

La visión propuesta por Stickells es esencial para cuestionar la manera en que los pobres han sido integrados – o segregados – en la ciudad, y evidencia la necesidad de considerar al ciudadano como agente de cambio en la vida urbana cotidiana.

¿Es posible aplicar estos conceptos de derecho a la ciudad democráticamente a todos los ciudadanos bajo los principios que hoy guían la construcción de la ciudad contemporánea? En las ciudades contemporáneas hay una contradicción esencial respecto de los conceptos de participación y apropiación, donde se evita deliberadamente un desarrollo integral entre la vivienda social y sus habitantes, especialmente cuando la localización de la vivienda social es definida por el mercado. Con esto se comprueba la falta – y urgente necesidad – de una regulación de suelo que permita al pobre ser incluido integralmente, lo que finalmente genera una realidad de vivienda disociada.

Marco analítico

Para alcanzar un entendimiento de “la vivienda como ciudad” debe existir una comprensión civil generalizada sobre qué significa una buena ciudad con el objeto de alcanzar ciertos acuerdos sociales que influencien el trato de los ciudadanos en la ciudad. Primero, un acuerdo que trate a todos los habitantes de igual manera, considerando al pobre como civil, asignándoles la visibilidad que necesitan para alcanzar la accesibilidad física, social, y política para satisfacer sus necesidades. Segundo, un acuerdo que entienda a la ciudad como un proyecto inconcluso, donde a través del conflicto natural entre los intereses individuales, se obtenga un consenso, estableciendo la base para una comunidad política capaz de desafiar y modificar las políticas injustas. Y tercero, un acuerdo sobre la calidad de las políticas, que deben ser establecidas desde la base hacia arriba buscando la creación de una ciudad colectiva donde todos posean la capacidad de cambio, tanto como individuos como de la ciudad en que viven.

Estos acuerdos sociales están relacionados directamente con las condiciones que permiten un fuerte sentido de pertenencia, afectando tanto al habitante como a la ciudad en su totalidad. Aunque los caminos para la realización de una vivienda social como ciudad están superpuestos, algunos efectos están identificados en los acuerdos nombrados arriba (ver Figura 1). El hecho que los habitantes sean tratados equitativamente permitiría que todos sean reconocidos como ciudadanos; el acuerdo que entiende la ciudad como un proyecto inconcluso puede proveer la necesitada libertad a todos sus habitantes para manifestar sus intereses y necesidades hacia un consenso conflictivo; y el acuerdo de políticas desde la base hacia arriba puede permitir participar y apropiarse a todos los habitantes de la ciudad colectiva.

Figura 1: Diagrama conceptual para entender la vivienda social como ciudad. Fuente: Elaborada por el autor.

Así, tres elementos principales pueden influenciar la percepción sobre lo que es una buena ciudad: los habitantes reconocidos podrán protagonizar una ciudadanía activa; los habitantes libres podrán ejercer el rol de adversarios o “enemigos amigables”, conformando un espacio democrático; y aquellos habitantes empoderados para participar y apropiarse en la ciudad colectiva podrán encarnar el derecho a la ciudad.

Estos principios están inmersos en un contexto legislativo y económico que debe ser influenciado por esta visión para crear un marco legal justo, apto para proteger y asegurar los valores de una ciudad inclusiva.

La vivienda social como ciudad en Chile: el fracaso de la ciudad

“Poner una bandera, una ventana,
un retrato familiar, unos niños, unos perros
y llamarle casa” (Población Callampa, Fernando Alegría, en Urrutia, 1972)

La monetarización de la vivienda social

A partir del 11 de septiembre de 1973 se produce un quiebre violento en las políticas del país, en donde el Estado de Bienestar “…fue borrado del mapa chileno” (Sugranyes, 2005: 24) y los efectos se evidenciaron en vivienda social, especialmente “…en los temas arquitectónicos y urbanísticos: las calidades alcanzadas en los años sesenta y setenta no volvieron a repetirse o renovarse” (Ibíd.: 26). La vivienda – para la política habitacional – conceptualmente cambió su significado, pasando de considerarse un derecho a ser un bien (Haramoto, 1983: 111). Este hecho guarda directa relación con la dualidad de significados presentada por Turner en relación a la vivienda como sustantivo versus vivienda como verbo. Si consideramos que la vivienda se interpretó como sustantivo desde los inicios de la nueva política habitacional es difícil que los pobres sean incluidos de manera integral a la ciudad.

Aunque los cambios en las políticas de vivienda no fueron inmediatos, las primeras acciones tomadas a fin de aplicar las políticas neoliberales de vivienda adoptadas a mediados de los 70 se remitieron al desplazamiento de pobres urbanos – generalmente establecidos ilegalmente en terrenos privados – hacia la periferia, lo que significó “…aplicar políticas deliberadamente diseñadas para promover la segregación residencial” (Christopher, 1998; Portes, 1989. En: Katzman, 2001: 187).

La política de vivienda impuesta en dictadura basó el principio de producción de vivienda en un sistema subsidiario donde la vivienda se “…adquiere con el esfuerzo de la familia para el ahorro y aportes del Estado a través del subsidio” (Sugranyes, 2005: 27). El subsidio a la vivienda, para Sugranyes (2005) está regido por la oferta del mercado, con lo cual se promueve el crecimiento del sector de la construcción a través de la creación de unidades, a fin de que “…el déficit no pueda seguir creciendo, y así se imponga la producción masiva” (Ibíd.: 35). No olvidemos que “…el modelo de vivienda social nació en una cuna de la ortodoxia neoliberal diseñada en Chicago” (Gilbert, 2002: 321) de la mano de los llamados Chicago Boys.

En 1979 el suelo se liberalizó, aumentando 2,5 veces el tamaño de Santiago y otorgándole la responsabilidad del crecimiento urbano al mercado, que regularía la construcción en base a las leyes de oferta y demanda. El rol del Estado quedó relegado a la administración de fondos y la aprobación de proyectos según normas regulatorias. Para Ramírez (2014) el gran problema que produjo la implementación de estas políticas en Chile recae en que “la monetarización completa de la vivienda rompe las estructuras sociales formadas (…) lo que crea un problema nuevo de segregación donde se rompe lo más importante que existía que es el capital social de la solidaridad de la gente” (Ramírez, 2014).

La vivienda social se construyó de manera inescrupulosa desde los años 80’s hasta inicios de la primera década del 2000, y “…se instalarán en las zonas donde el mercado haya previamente determinado los menores precios del suelo, siempre acompañados por inconvenientes o carencias (de accesibilidad, de equipamientos) que van en aumento en la medida que disminuye la capacidad económica de los residentes” (Ducci, 2000: 15).

Rodríguez y Sugranyes (2005) llamarán esta nueva realidad urbana “el problema de los con techo” donde se reconoce al gran responsable de las políticas creadas a fines de los 70’, y donde “…el MINVU (Ministerio de Vivienda y Urbanismo) creó el sistema enlazado de subsidio-ahorro-crédito, para asegurar la participación de las empresas constructoras” (Ibíd.: 60).

Esta política de vivienda en Chile se ha mantenido hasta el día de hoy, aunque se han realizado algunas modificaciones que han logrado regular la escala de los proyectos. Un hito importante fue la creación de la Nueva Política de Vivienda a partir del año 2000, donde la creación de los programas de Vivienda Social Dinámica sin Deuda (VSDsD) y Fondo Solidario de Vivienda (FSV), introdujeron actores como las EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria Social) y generaron que “…por su enfoque a la demanda en el contexto local, los proyectos son, por lo general, de tamaño pequeño, de no más de cien unidades” (Sugranyes, 2005: 55). Aunque se realizaron importantes avances cualitativos de la unidad y el conjunto, el concepto de Estado subsidiario se ha mantenido, y no ha cambiado la participación real de los pobladores en términos políticos y sociales.

La construcción anual de proyectos sociales en Chile se ve amenazada ante la aparición de mejores oportunidades económicas para los dueños de los terrenos. En este contexto el subsidio de vivienda debe solucionar la necesidad de techo de quienes lo requieran, sin embargo “…que no ocurra así se explica por el funcionamiento desregulado de los mercados de suelo” (Sabatini y Cáceres, 2014), que sólo generan mayores ingresos a las mayores inmobiliarias y de esta manera “…está virtualmente expulsando la vivienda social de las ciudades” (Ibíd.).

Durante la última década el Estado ha establecido gran cantidad de subsidios especiales y de programas que han buscado, por un lado, mejorar los estándares de nuevos proyectos construidos, y por otro, mejorar los barrios ya existentes a través de políticas subsidiarias. Sin embargo, no se ha cuestionado el rol de la vivienda social como parte de una visión holística de ciudad.

Bajos de Mena: El gueto más grande Chile

Bajos de Mena (BDM) es tal vez el mejor ejemplo del fracaso de las políticas neoliberales de vivienda social. Se construyeron 13 mil departamentos sociales entre 1994 y 2004, agrupados en 49 villas con aproximadamente de 120.000 habitantes en total viviendo a una considerable distancia geográfica al centro de la ciudad. El área está literalmente aislada (Figura 2) y “…el barrio incluso está separado del resto de la comuna por la autopista Acceso Sur y sólo una calle la conecta con Puente Alto” (Barrientos, 2012).

Figura 2: Ilustración mostrando la aislación fisica de BDM a la ciudad. Fuente: Elaborada por el autor.

El ciudadano invisible

BDM refleja claramente los efectos de una “…temprana y radical liberalización de los mercados urbanos chilenos” (Sabatini, 2000). El resultado es aislación e invisibilidad política en los procesos urbanos, mediante el cual los habitantes de BDM han hecho explicito el fracaso de un modelo donde la pobreza es excluida de la ciudad.

Sabatini y colegas (2013) entienden lo sucedido en BDM como consecuencia de los efectos masivos de los medios, erosionando el valor de mercado de la vivienda social y la generación de una ‘cultura de la segregación’ en estos lugares, relacionada con “…formas de desintegración social que aquejan a estas comunidades – deserción escolar, drogadicción, violencia y crimen, entre otros –, problemas que dan pie para que la prensa hoy llame “guetos urbanos” a estos barrios, con el consiguiente estigma social que se deposita sobre sus habitantes”. (Sabatini et al.; 2013: 270).

La homogenización social y física afecta la identidad de la gente con respecto al barrio que habita. En este sentido Ducci (2000: 10) dice que “…se ha asumido que los barrios populares son monótonos, feos y muchas veces muestran un paisaje bastante deprimente…”, una afirmación que demuestra los sentimientos subyacentes de residentes de un área sin diversidad social, estética, ni comercial. La segregación y la estigmatización social imprimen en los habitantes un sentido de pertenencia a una categoría inferior de ciudadano – el “incivilizado” – en la ciudad. Consecuentemente parece imposible alcanzar un acuerdo social que trate a todos los habitantes por igual, considerándolos como habitantes civiles, con derecho legítimo a la accesibilidad física, social, y política el sistema urbano en su conjunto.

Un lugar sin libertades

El gran tamaño de los condominios ha hecho altamente compleja la organización y cohesión social (ver Figura 3). Éstos debieran estar coordinados para decidir temas domésticos, como la recolección de la basura, mejora de los espacios públicos, etc., pero el hecho que se encuentran organizados en grupos de más de 200 viviendas, hace imposible para ellos el poder funcionar apropiadamente.

Figura 3: La incompatibilidad entre condominios de gran escala y organización social. Fuente: La Tercera (2 de octubre 2011).

La falta de organización sumada a la estigmatización se torna específicamente visible cuando es el sector privado quien rechaza entregar servicios en el área, como cuenta un vecino: “uno va a pedir cable o teléfono y nos dicen que no, porque aparecemos como una zona de punto rojo y ahí quedamos…” (Marta Zarate, vecino de BDM, La Tercera, 2012).

Programas como el “Segunda Oportunidad” han buscado mejorar la calidad de las viviendas y su entorno, sin embargo no se consideran usualmente modificaciones relacionadas al desarrollo de las capacidades de los vecinos y su participación activa en la toma de decisiones a lo largo de los procesos de diseño, construcción, y mantención.

Cuando los gobiernos no tienen los recursos técnicos y políticos para hacer cambios reales, y actúan simplemente como una entidad administradora de fondos, el único resultado posible es la implementación de estrategias incoherentes sin una visión integral de la ciudad. Así, la organización política actual – local, comunal y nacional – no permite modificaciones reales y, de ese modo, los habitantes están condenados a vivir en la segregación.

Sin derecho a la ciudad

Por lo tanto, después de una respuesta colectiva de los habitantes, y teniendo en cuenta los abusos que han soportado durante años, varios grupos civiles han levantado su voz para apoyar la causa y hacer públicos los problemas de BDM. En una manifestación en la Universidad de Chile, donde se denunciaron tales abusos, la vocera de los pobladores Catalina Castillo dijo: “…estamos denunciando esta situación, en conjunto con los estudiantes, porque para transformar la sociedad tenemos que estar unidos, todos al servicio del proyecto del poder popular” (San Cristóbal, 2014).

Sin embargo, las soluciones a nivel comunal se enfocan en la evidente necesidad de infraestructura, sin reconocer la necesidad de una integración más profunda de los vecinos para la toma de decisiones en la creación de proyectos. Esto es perfectamente evidente en BDM, donde los problemas graves y de largo plazo – la delincuencia, el narcotráfico, la insalubridad, etc.– son enfrentados con soluciones cortoplacistas – la construcción de una nueva comisaría, plazas, etc.– en lugar de examinar las raíces del problema, profundamente relacionadas con cada habitante. La acción de la autoridad, sobre todo en los barrios de bajos ingresos, tiene una larga tradición de imposiciones de arriba hacia abajo, donde los proyectos no requieren de la participación por parte de los habitantes.

Largos años de lucha por soluciones de vivienda han hecho que la gente entienda que lo que está fallando es el rol del Estado, que se está comportando como un espectador pasivo en frente de un marco legal rígido que da poca seguridad cualitativa a los más desfavorecidos.

Conclusiones

A través de esta reflexión se intentó analizar los elementos necesarios para poder entender la vivienda social como parte de la ciudad. Existe una injusticia social generalizada, contra una realidad desequilibrada en términos de poder – político y económico –, que proporciona políticas de vivienda social que no se ajustan a los estándares de vida mínimos para los ciudadanos del siglo XXI. El sistema que actualmente rige la gran mayoría de las ciudades parece perpetuar la pobreza urbana, y los problemas relacionados con ésta afectan a toda la sociedad. En este sentido, los mecanismos de resistencia generalmente operan fuera de la legalidad, ya que ésta no es capaz de proveer justicia por sí misma.

Chile constituye un caso emblemático de las políticas de vivienda en América Latina, pues “…el ejemplo del modelo habitacional subsidiario chileno se extendió a otros países de América Latina” (Gilbert, 2002: 310). Asimismo BDM es un caso emblemático en Chile, pues grafica los efectos nocivos de la vivienda fuera de la ciudad en un contexto en que el mercado decide la ubicación de la vivienda social. Las políticas de vivienda no parecen responder a las demandas reales de los habitantes. Estos últimos son los excluidos de la sociedad a través de su expulsión de la ciudad, heredando la falta de oportunidades para superar la pobreza. Por ello, el Estado debe adoptar una visión más inclusiva de la ciudad, más allá de leyes del mercado de suelo, comprendiendo que el capital social es un factor más importante para proveer justicia a todos los ciudadanos.

A partir de la revisión de las dimensiones de habitabilidad en BDM, aparece una contradicción entre esta realidad y los conceptos analizados en el marco teórico, acerca de cómo se construye una ciudad justa. Sin duda estos conceptos apuntan a una realidad ideal; sin embargo, la discusión es esencial para cuestionar las actuales estrategias de desarrollo urbano, ya que – como se observa en BDM – el habitante es privado de su derecho a la ciudad como un espacio de integración (ver Figura 4).

Figura 4: La vivienda social separada de la ciudad: elementos presentes en BDM. Fuente: Elaborada por el autor.

¿Seguirá la vivienda siendo considerada como un elemento independiente en las decisiones urbanas? El objetivo es democratizar los espacios cívicos de la ciudad para que la vivienda social deje de ser una fuente de segregación, y sus habitantes puedan percibir su pertenencia a un sistema que debiese velar por sus intereses y necesidades reales.

Referencias

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Urrutia, C. (1972). Historia de las poblaciones callampas. Colección Nosotros los Chilenos. Santiago: Empresa editorial Nacional Quimantu Limitada.

ÍNDICE

Presentación

Agradecimientos

Capítulo I – Arte, Música y Teatro

  1. Matices Grises: Pieza para Piano Solo
    Marcos Stuardo
  2. “Teatro Aplicado” y Convivencia Escolar
    Juan Francisco Palma
  3. Teatro Chileno y Política: de Macro y Micropolíticas hacia un “Giro Ciudadano”
    Camila González

Capítulo II – Ciudad y Políticas Públicas

  1. Agroindustria Chilena Sustentable: Un Largo Camino que Recién Comienza
    Ximena Schmidt
  2. Comportamiento Peatonal en Espacios de Circulación Tren-Andén
    Sebastián Seriani
  3. Determinantes de la distancia de viaje a la escuela en Santiago de Chile
    Christian Blanco
  4. Drogas Ilícitas: ¿Un Problema de Justicia Criminal o de Política Social?
    Gonzalo Mardones
  5. Riesgos y Desastres en Chile: Las Causas de Fondo de la Vulnerabilidad
    Vicente Sandoval
  6. Movilidad Social en Chile desde una mirada Multidimensional
    Marjorie Baquedano
  7. Vivienda Social como Ciudad: Elementos Ausentes en Chile
    José Manuel Ahumada

Capítulo III – Derecho

  1. Abusos en el Control de Empresas y Propuestas para Chile
    Manuel Ibáñez
  2. El Centro de Principales Intereses del Deudor en el Derecho Concursal Chileno
    Carlos Ellenberg

Capítulo IV – Educación

  1. Docentes y Evaluación: Una Aproximación a las Experiencias Docentes en Torno a la Evaluación en Dos Contextos Educacionales
    Paulina Rojas
  2. Hacia un giro en las reformas educativas para una calidad equitativa
    Pablo Torres y Rodrigo Torres

Capítulo V – Física

  1. La Físca de Partículas en Chile
    Giovanna Cottin

Capítulo VI – Identidad y Cultura

  1. Memoria Colectiva y Patrimonio a través del Lenguaje Rapa Nui
    Catalina Herrera
  2. Mapuche-Warriache e Identidad Étnica Organizacional: Una Mirada Teórica
    Dana Brablec

Capítulo VII – Psicologia y Salud Mental

  1. Cooperación Interdisciplinaria en el Estudio de los Desórdenes Psiquiátricos en Chile: Una Deuda Pendiente
    Pablo López-Silva
  2. Estrategias Colaborativas para subvertir el estigma de vivir con VIH/SIDA
    Angélica Cabezas
  3. Reflexiones sobre el Duelo y el Trauma en la Matriz Social Chilena
    Ignacia Moreno
  4. Salud mental e infancia en Chile: desde la oferta pública a la invisibilización de la infancia actual
    Sebastián Rojas

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